Testigos de Jehová han destrozado “la vida de miles de personas”, aseguran exmiembros

La Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ) se propone desplegar una batería de acciones encaminadas a denunciar las supuestas prácticas de esta organización religiosa en los próximos meses ante el Gobierno, el Parlamento y la Justicia. 

El pasado jueves, el Consejo General del Poder Judicial publicitó una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Torrejón de Ardoz, en la que se ampara a los miembros de la AEVTJ a continuar su labor y “hablar de prácticas sectarias” dentro de los Testigos de Jehová.

El juzgado rechaza así la pretensión de los Testigos de Jehová de que se eliminara la denominación de esta asociación, su sitio web y las cuentas en redes sociales, así como que se impidiera cualquier comentario que, a su entender, vulnere su derecho al honor, motivo por el que presentaron la demanda en mayo de 2021.

La acción legal derivó en un juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de enero y en el que testificaron más de 20 personas a propuesta de las partes. La jueza, en una sentencia de casi 70 páginas, desestimó la demanda de los Testigos de Jehová, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial. 

Acciones contra los Testigos de Jehová

En una comparecencia ante los medios, el presidente de la asociación que agrupa a exmiembros, Israel Flórez, expuso que, alentados por el resultado de esta sentencia, desde la AEVTJ se disponen a emprender una serie de acciones, porque, subrayó, “esta confesión religiosa ha destrozado la vida de miles de personas”.

En primer lugar van a tratar de que el Gobierno revise la condición de “confesión religiosa de notorio arraigo” que fue reconocida en 2006, y que le permite a los Testigos de Jehová acceder a una serie de beneficios fiscales y de otro tipo. 

Además, en colaboración con la Red de prevención del sectarismo y del abuso de debilidad (RED UNE), van a impulsar la presentación en el Congreso de los Diputados de más de 300.000 peticiones para la elaboración de una “ley contra la persuasión coercitiva”. 

Asimismo, Flórez no descartó pedir al Defensor del Pueblo que inicie una investigación similar a la realizada.

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