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CARACAS, La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), pidió a las autoridades del país investigar y esclarecer de forma urgente el hallazgo de una fosa común con 14 cadáveres en la Penitenciaría General Venezolana (PGV).
El 9 de marzo se descubrió una fosa común en la PGV, una de las principales cárceles del país, que en septiembre y octubre del año pasado fue escenario de enfrentamientos entre bandas de internos.
Familiares de los presos denunciaron entonces la falta de alimentos y tratamiento médico para enfermedades como la tuberculosis. Según la prensa local, la crisis habría causado al menos diez muertos.
El gobierno anunció el cierre temporal de esta cárcel y el 28 de octubre completó el desalojo de la prisión como parte del “Plan de Planificación de la PGV”. Sin embargo, el hallazgo de la fosa, según fuentes locales, confirmaría la crisis penitenciaria que existe en el país.
En un comunicado emitido este 17 de marzo, la Comisión de Justicia y Paz de la CEV expresó su consternación por el “terrible descubrimiento” de esta fosa común que “traduce la vulneración a derechos fundamentales como la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, que atentan contra la integridad física, psíquica y moral de cualquier ciudadano”.
Por ello, pidió que el “Poder Público Venezolano en sus diferentes instancias se avoque urgente, diligente, efectiva y sin retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de la verdad”; pues se trata de “actos delictivos previstos en nuestra legislación penal sustantiva y son perseguibles de oficio”.
La impunidad de estos crímenes “no solo violaría la dignidad de las víctimas fallecidas, sino la de sus familiares que esperan se determine las responsabilidades correspondientes, unidas a las sanciones e indemnizaciones que dé lugar”, advirtió el texto firmado por el Presidente de la comisión, Mons. Roberto Lückert.
Asimismo, la comisión exhortó al Ministerio Popular Penitenciario “garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como esta que ha afectado a las familias de los privados de libertad fallecidos y enterrados en fosas comunes dentro de la PGV”.
El texto también invitó a las organizaciones de la sociedad venezolana a exigir a las autoridades que garanticen “los derechos humanos de las personas privadas de libertad, mejoren las condiciones de reclusión y las medidas de seguridad en los centros de reclusión”.
“A la comunidad cristiana que eleve sus oraciones al Dios de la vida, para que acoja e introduzca en su gloria a nuestros hermanos fallecidos y consuelo a sus familiares”, culminó el comunicado.
